Tiene como objetivo garantizar la implementación, plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe que involucra a los treinta y tres países de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones vinculantes respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, además es el único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).

La implementación del Acuerdo de Escazú en México representa un avance para la defensa del medio ambiente y contribuiría a que el Estado brinde la protección que requieren las personas defensoras del territorio y el medio ambiente y permitirá avanzar en el cumplimiento de leyes, la formación de instituciones y la aplicación de mejores prácticas, para avanzar hacia una gobernanza ambiental más plena.